NOTA DEL BLOG :
LOPEZ OBRADOR VA A PACTAR CON EL NARCO Y DICE LA "SABIA CALLE" QUE LOPEZ OBRADOR YA DEJÒ COLGADO DE LA BROCHA AL EPICOSCOPADO MEXICANO PARA INSTRUMENTAR EL PROYECTO DE PACIFICACION
QUE QUEDÒ DELINEADO EN EL "PLAN DE LA IGLESIA CATOLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ -UN DOCUMENTO QUE SE HIZO DESDE EL 11 SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO EN RESPUESTA A LA INVITACION DE LOPEZ OBRADOR A COLABORAR EN LA PACIFCACION
En septiembre pasado, a petición del presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, integrantes de su equipo se reunieron con
representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano para
instrumentar juntos un proyecto de pacificación. Como interlocutora del
gobierno quedó Loretta Ortiz, quien logró algunos avances, pero luego
fue removida y el proyecto quedó a la deriva… Hoy, las cifras oficiales
revelan que el primer trimestre de 2019 fue el más violento en la
historia del país, con 8 mil 493 ejecuciones.
P.D.
LOPEZ OBRADOR AYER 15 DE MAYO DIJO EN CADENA NACIONAL DIJO QUE
VA A PACTAR CON EL NARCO CUANDO UN PERIODISTA LE HIZO LA PREGUNTA DIRECTA
—
¿El acuerdo de paz sería con el narcotráfico? —se le preguntó.
—
Con todos.
—
¿Con quiénes, de manera específica?
—
Con todos. Es todos a portarnos bien. -RESPONDIO AMLO-https://lasabiacalle.blogspot.com/2019/05/el-acuerdo-de-paz-de-amlo-juar.html
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REVISTA PROCESO
Empantanado, el proyecto del gobierno y el Episcopado para pacificar el país
LAGO DE GUADALUPE, Edomex.- Ante el “recrudecimiento” de la violencia
en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pide con urgencia implementar
el plan de pacificación que acordó la Iglesia con el gobierno federal,
pero el cual hasta la fecha sigue sin definirse.
Siendo todavía candidato electo, López Obrador fue quien pidió el
apoyo eclesiástico para pacificar el país. Y el Episcopado no sólo
aceptó, sino que desde septiembre pasado elaboró su proyecto de
colaboración para la construcción de la paz, poniendo a disposición su
personal y su infraestructura para alcanzar ese objetivo.
El arzobispo Carlos Garfias, vicepresidente de la CEM y encargado de
coordinar los esfuerzos de los obispos mexicanos para apoyar al gobierno
federal, comenta preocupado:
“La violencia sigue muy presente, muy viva. Las estadísticas muestran
que se ha recrudecido. Ante esta realidad de violencia, hoy se hace más
urgente implementar el proyecto de pacificación y reconciliación que
tenemos acordado con el gobierno federal.”
Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la CEM, lo secunda:
“Todos necesitamos participar. Nadie, por sí solo, podrá resolver el
problema de la violencia en el país. Y por lo que respecta a la Iglesia,
nosotros seguimos en la mejor disposición de colaborar”.
Sin embargo,
a ocho meses de que el Episcopado presentó su proyecto
de colaboración, ambos prelados indican que “con el gobierno todavía
estamos en una etapa de acercamiento, planteamiento y búsqueda de mayor
diálogo”.
Garfias abunda: “Aún no definimos cuál será la ruta de colaboración.
Antes que nada, nosotros necesitamos dialogar con una instancia de
interlocución directa, pero también determinar con mucha claridad de qué
forma aportaremos nuestros proyectos. Todo eso está por definirse”.
Esta indefinición se debe en gran parte al gobierno federal. En un
principio, siendo presidente electo, López Obrador designó a Loretta
Ortiz como responsable del proceso de pacificación e interlocutora con
la Iglesia. Ortiz consiguió el apoyo de la CEM, de la Compañía de Jesús y
de la propia Santa Sede, todas con amplia experiencia en procesos de
paz. Incluso Ortiz llegó a invitar al Papa Francisco a México para que
diera un mensaje de aliento.
En una entrevista con este semanario, en octubre del año pasado,
Loretta Ortiz adelantaba entusiasmada que tendría una oficina en la
Secretaría de Seguridad, a través de la cual coordinaría los esfuerzos
del gobierno y de la Iglesia.
Aseguraba entonces:
“Mi unidad se llamará Seguridad Humana y Procesos
de Paz. Será el centro coordinador para la pacificación del país y
dependerá de la nueva Secretaría de Seguridad. Al igual que la católica,
otras Iglesias podrán sumarse a nuestros esfuerzos, lo mismo que
organizaciones sociales” (Proceso 2189).
Interlocución averiada
Al asumir López Obrador la Presidencia, Loretta Ortiz fue relegada de
esa encomienda e incluso luego contendió para ser ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que finalmente no
consiguió.
Ahora, según los obispos Carlos Garfias y Alfonso Miranda Guardiola,
el Episcopado ya no tiene interlocución con Ortiz, sino con varios
funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la actual Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos titulares son Olga Sánchez
Cordero y Alfonso Durazo, respectivamente.
Los prelados señalan que se han reunido por separado tanto con
Sánchez Cordero como con Durazo. Pero principalmente –dicen– han
sostenido encuentros con el equipo de Diana Álvarez Maury, subsecretaria
de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones
Civiles, de Gobernación.
A estos funcionarios –comentan– les exponen sus propuestas de
colaboración que en su momento ya le expusieron a Loretta Ortiz y
quedaron delineadas en el Plan de la Iglesia católica para la
construcción de la paz, un documento que el Episcopado emitió el 11 de
septiembre del año pasado, en respuesta a la invitación de López Obrador
a colaborar en la pacificación.
Ahí se señala, por ejemplo, la disposición de la CEM a colaborar con
sus llamados “centros de escucha”, espacios parroquiales que está
abriendo en todo el país y donde se da atención espiritual y jurídica a
las víctimas de la violencia. Cada centro de escucha cuenta con un
equipo de psicólogos, abogados, sacerdotes y laicos que desempeñan esa
labor social.
En el plan de colaboración también se enumeran seis “acciones” del Episcopado para alcanzar la paz:
Primera: “apoyar al clero en las diócesis vulnerables por la
violencia”; segunda: promover entre los sacerdotes, seminaristas y
laicos “la capacitación para el servicio de la mediación en situaciones
de conflicto”; tercera: preparar a los seminaristas en “estrategias para
la construcción de paz”; cuarta: adiestrar a los sacerdotes en el
manejo “de situaciones de dolor y muerte”; quinta: difundir en el
presbiterio “protocolos de seguridad”, y sexta: crear “comités de
crisis”.
Y mientras la colaboración entre el Episcopado y el gobierno sigue
sin concretarse, las cifras oficiales revelan que el primer trimestre de
2019 fue el más violento en la historia del país, al registrarse 8 mil
493 ejecuciones, cifra superior a las 7 mil 667 registradas en el mismo
periodo del año pasado.
Preocupada por este incremento de la violencia, la CEM emitió un
comunicado el jueves 2, en el marco de su reciente asamblea plenaria.
Ahí señalan los obispos: “Hacemos nuestras las angustias del país, que
sigue sufriendo violencia, inseguridad, pobreza, inequidad,
incertidumbre política, deterioro ambiental y desigualdad social”.
En esa asamblea –realizada del 29 de abril al 3 de mayo– los casi 150
obispos mexicanos analizaron la actual escalada de violencia, sobre
todo durante la exposición sobre el tema que les hizo –con gráficas y
estadísticas– el doctor Rodrigo Guerra López, miembro del Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Las advertencias de la CEM
Por separado, algunos obispos lanzan señales de alerta sobre el
incremento de la violencia en sus respectivas diócesis. Por ejemplo, el
de Cuernavaca, Ramón Castro, emitió un comunicado el pasado 18 de abril
en el que aseguró:
“Morelos vive el peor momento de su historia en materia de seguridad;
el derramamiento de sangre es escandaloso y la forma de operar de los
grupos criminales es cada vez más impune.
“Son ya 453 ejecutados en tres meses y medio. La inseguridad que vive
Morelos es fuerte, la más grave de su historia, nunca antes tantas
personas habían sido asesinadas en tan poco tiempo. Ante esta situación
tan compleja vemos un Morelos lastimado, dolido, enojado, pero también
apático e indiferente frente a esta situación de violencia.”
Y exhortó al gobierno y a la sociedad morelense a “sumar esfuerzos” para poder “recuperar la paz que tanto anhelamos”.
Mientras que el obispo de la turbulenta diócesis michoacana de
Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, señaló en un comunicado del 16 de
abril que la “lucha de poder” entre “grupos armados” está provocando en
la región “acontecimientos devastadores”, entre éstos mencionó
asesinatos recientes, así como casas parroquiales y templos “ultrajados a
balazos con armas de alto poder”.
Y el pasado 23 de abril, en la Cámara de Diputados, Carlos Garfias
dijo que la reciente masacre en Minatitlán –en la que fueron asesinadas
13 personas– es “una expresión más de la situación de violencia que
sigue teniendo nuestro país y que nos reclama darle organicidad a
nuestros esfuerzos por construir la paz”
Agregó que “hay muchos esfuerzos y muchos intentos por alcanzar la
paz, pero son acciones aisladas. Con la masacre de Minatitlán tenemos un
desafío más fuerte para implementar un proyecto preciso en el que
participemos todos”.
Ese día, Garfias y Alfonso Miranda estuvieron en el recinto de San
Lázaro para presentar el documental fílmico Tragedia y crisol del
sacerdocio en México, donde se aborda la escalada de asesinatos contra
sacerdotes, que algunos analistas ya califican como un “clericidio”.
Ahí, ante algunos legisladores, el obispo Miranda leyó un discurso
donde reiteró la disposición del Episcopado a colaborar en el proceso de
pacificación. Señaló que “no sólo en el campo de la reflexión, sino
sobre todo en el de la acción, muchos obispos, sacerdotes y laicos se
han convertido en defensores de derechos humanos”.
También mencionó en su discurso la infraestructura con que
actualmente cuenta el Episcopado para colaborar con el gobierno: 20
centros de derechos humanos, 35 centros de escucha para atender a las
víctimas de la violencia, 119 casas de migrantes, ocho centros de
atención para familiares de desaparecidos, 97 grupos de atención a
presidiarios, 151 orfanatos y 34 centros de atención a niños y mujeres
en situación de calle, entre otras “obras sociales”.
En busca de nuevas rutas
Garfias y Miranda charlan con el reportero durante un receso en la
asamblea plenaria de obispos, realizada en la sede de la CEM, el
imponente bunker situado en un despoblado paraje mexiquense de Lago de
Guadalupe y donde los obispos estuvieron en retiro durante los cinco
días de sesiones.
Monseñor Garfias se encoge de hombros y reitera:
–Sigue sin definirse la colaboración entre el gobierno y el
Episcopado. No hay ninguna definición de ruta. Seguimos en la etapa de
acercamiento y de hacer planteamientos.
–¿Y qué planteamientos se han hecho por el momento?
–Por ejemplo, está planteada la posibilidad de crear un Consejo
Nacional para Construcción de la Paz, integrado por las autoridades, la
Iglesia y la sociedad civil. Aparte, está la propuesta nuestra de
impulsar un proyecto de educación y capacitación para la paz. Nosotros
mientras tanto ya venimos trabajando ese proyecto en algunos lugares del
país.
Actual arzobispo de Morelia y vicepresidente de la CEM para el
trienio 2018-2021, Garfias tiene amplia experiencia en procesos de
pacificación y atención a víctimas. Por ejemplo, siendo arzobispo de
Acapulco fue el primero en abrir los centros de escucha que ahora ya se
extendieron a todo el país. En agosto del año pasado, el Episcopado lo
designó su representante ante el gobierno de López Obrador para
colaborar en la pacificación, por lo que participó –invitado por Loretta
Ortiz– en los foros para la paz que se dieron en ese tiempo.
Ahora, Garfias señala que, por lo pronto, a Alfonso Durazo le parece
buena idea colaborar conjuntamente en los centros de escucha. Agrega:
“Los centros de escucha pueden ser el punto de partida de nuestra
colaboración con el gobierno, porque en estos espacios se atiende
directamente a las víctimas. Esto es muy importante, ya que primero se
necesita reconstruir a la persona para luego pasar a reconstruir a la
comunidad.
“Si no se logra que la persona dañada se reconcilie consigo misma,
jamás se logrará reconstruir el tejido social. Por eso pensamos que los
centros de escucha serán el punto de arranque, y parece que hay buena
disposición del gobierno para hacerlo.”
–Estos centros de escucha están generalmente en las parroquias, ¿el
gobierno podrá entonces acceder a estos espacios eclesiásticos?
–La idea es que los centros se vayan expandiendo a otros espacios: a
los ámbitos escolares, a las colonias… Ya con un plan nacional, se puede
incluso programar la apertura anual de determinado número de centros de
escucha, para instalarlos en distintos puntos y ponerlos a disposición
de las víctimas.
Respecto a los llamados “centros de reconciliación”, donde la Iglesia
reúne a las víctimas con sus victimarios para propiciar entre ellos la
reconciliación y el perdón, como siguiente etapa a la de los centros de
escucha, Garfias todavía ve muy lejano que puedan implementarse en
colaboración con el gobierno.
Y ni qué decir de una etapa más avanzada que implementa el obispo de
Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, quien ya dialoga directamente con
los líderes de los cárteles de la droga. Esta postura es rechazada por
el gobierno, bajo el argumento de que no dialoga con delincuentes. Pero
el Episcopado la acepta, dejando a cada obispo en libertad de hablar con
los capos.
“Son circunstancias particulares, algo muy personal que cada obispo
puede implementar para realizar su apostolado. Es una manera muy
concreta, muy precisa de construir la paz”, concluye Garfias.
Así, aparte de que la colaboración entre el gobierno y la Iglesia
aún no se define, ésta parece que, de concretarse, tendrá ciertos
límites.
Este reportaje se publicó el 12 de mayo de 2019 en la edición 2219 de la revista Proceso
