Ex gobernadores, ex funcionarios, ex alcaldes y actuales servidores públicos, así como empresarios, en la mira
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unidad de Inteligencia Financiera y
Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), lleva más de 24 meses
realizando trabajos de investigación sobre empresas factureras que han
operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016, ocasionando un
quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de
pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total
de 100 investigadas al momento.
El monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal de
Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi
10 mil mdp.
El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el
Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración
de 56 expedientes que han derivado en 23 carpetas de investigación por
el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de prensa, el
titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.
Dijo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad, ha generado 29
órdenes de aprehensión de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y
103 más en vía de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las
investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia
organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.
En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de
gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex
presidente municipal y personas externas al ejercicio público de
gobierno.
La Unidad También ha solicitado Ficha Roja a la INTERPOL contra uno
de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de
investigación, la cual corresponde a un caso municipal.
También se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos precautorios.
Se han generado más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de
impuestos federales superiores a un monto de $1,413,000.00 (Mil
cuatrocientos trece mil millones de pesos).
52 empresas con los mismos socios.
Raúl Ramírez Castañeda, detalló que dentro de las carpetas de
investigación, se encuentra la que integran 52 empresas que simularon
prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo 2012 a 2016
y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a sus actas
constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios
municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Dichas empresas fueron constituidas por el mismo Notario Público de la capital tamaulipeca.
Inicialmente la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del
Estado de Tamaulipas, detectaron que 6 empresas del total de las 52,
obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante
el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos y no
se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios
facturados.
Ambas instituciones gubernamentales, hicieron del conocimiento a la
UIFE para que determinara la posible comisión del delito de lavado de
dinero o algún otro de índole patrimonial o financiero.
Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó
una célula integrada por varias personas que constituyeron esas 52
empresas en contubernio con diversos ex servidores públicos de sexenios
anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy detenidos.
Otras 15 empresas del mismo grupo de esas 52, facturaron a la
Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, poco más de $1,600,000.00 (MIL
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS) en un periodo de 2 años (2014 a 2016).E
Dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con
domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el
listado que publicó el Servicios de Administración Tributaria (SAT)
como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del Código
Fiscal de la Federación.
Tan sólo esta empresa, facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323 millones de pesos en el periodo 2014-2016.
Los ex servidores públicos implicados tenían puestos clave en la
Secretaría de Finanzas del Gobierno en el periodo 2014 a 2016 y son:
Cristóbal “N” quien cuenta con orden de aprehensión desde el 13 de junio
de 2018 y actualmente se encuentra prófugo y Jorge Silvestre “N” y
Jorge “N”
Los implicados de estas 52 empresas tienen varios elementos en común,
se encuentran conectados como socios, comisarios y representantes
legales y según los registros encontrados, sus empleadores son los
mismos.
A excepción de Tributos del Norte S.A de C.V., el nombre de las
empresas con operaciones simuladas restantes aún no puede revelarse en
atención al principio de presunción de inocencia pero todas tienen el
domicilio fiscal en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el estado de Nuevo
León.
Al realizar las verificaciones de domicilio fiscal por parte de las
autoridades, lo único que encontraron fue un escritorio, una silla y con
una sóla persona en su interior. Sólo esas cinco empresas referidas que
originaron la investigación, se estima que realizaron un detrimento
patrimonial al estado por más de 576 millones de pesos, que se suma a
los 1, 600 mdp facturados al estado por 15 empresas más de la misma
célula empresarial.
CASO DE “LOS SEIS”
Como ejemplo, mostró el diagrama criminal del caso de “Los seis” que
constituyeron 52 empresas fantasma, para facturar a la anterior
Administración estatal 576 millones 386 mil 671 pesos, detrimento ya
judicializado.
El principal operador de esta célula es el anterior Subsecretario de
Egresos, Cristóbal Rosales, quien desde mayo de 2018 se encuentra
prófugo.
También un Notario Público, Antonio Mercado Polanco, forma parte de
la célula, al igual que el Ex Secretario de Finanzas, Jorge Ábrego Adame
y el ex Director de Pagos, Jorge Contreras Chío.
Desde enero de 2014 a mayo de 2020, las 52 empresas facturaron en total operaciones por 9 mil 838 millones 298 pesos.
En la banda de “Los seis” se presentaron facturas, como una por 100
millones de pesos para el mantenimiento de un equipo de aire
acondicionado, comentó el titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera.
Agregó que hasta hace unos meses la célula protegía al Notario
Público mencionado, pero a través de figuras como las de testigo
colaborador se ha empezado a abundar en el caso.
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES
Otro tema en manos de la UIFE es el del ex Gobernador, Eugenio Javier
Hernández Flores, actualmente preso en una cárcel de Estado de México.
A Hernández le fueron asegurados 25 bienes inmuebles desde el 7 de noviembre de 2018.
Ahora mismo, Hernández también está en espera de que se resuelva la
revisión del amparo que tramitó en contra de la orden de extradición
hacia Estados Unidos de Norteamérica.
PABLO ZÁRATE
También habló del caso de Pablo Zárate Juárez, quien fungió como
Director de ITAVU en el sexenio Tomás Yarrington, y que luego de 3
auditorías practicadas a sus empresas, se logró determinarle créditos
fiscales por 1,219 millones de pesos.
“Debido a ello se ha dictado el aseguramiento precautorio de 12 bienes inmuebles”, informó.
“No ha podido comprobar los ingresos, la deducción de los mismos. No ha aportado la documentación necesaria”, añadió.
Raúl Ramírez Castañeda dijo que los objetivos de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica son más de 500.
“Traemos objetivos del crimen organizado, empresarios, y ex
funcionarios. Este es el resultado de la política pública de creación de
esta Unidad”, comentó.
CARLOS CANTUROSAS
También habló sobre el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique
Canturosas Villarreal, de quien, dijo, cuenta con una Ficha Roja vigente
de interpol pues lo buscan para cumplimentarle dos órdenes de
aprehensión vigentes.
En su caso, comentó, se le vincula con 48 empresas factureras que fueron
proveedoras de su Administración como Alcalde y que ejecutaron un
quebranto de 47 millones de pesos.
Admiten Controversia Constitucional y dictan medida cautelar de suspensión del Acuerdo de Sener
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas consiguió
frenar los efectos del acuerdo de Confiabilidad de la Secretaría de
Energía emitido en mayo, que busca obstaculizar a las energías limpias.
Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador del Estado, reveló que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la
Controversia Constitucional promovida por el Poder Ejecutivo de
Tamaulipas.
En el acuerdo, tomado el 3 de julio y publicado este lunes, se
advierte que con relación a la Controversia 95/2020 se concedió la
medida cautelar para suspender “todos los efectos y consecuencias del
Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.
Ese acuerdo de la Sener fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo pasado.
Los Ministros resolvieron que se suspenda “hasta en tanto se resuelva
de fondo el presente asunto (Controversia Constitucional)”.
Además, determinaron que la medida suspensional surta efectos sin
necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o
revocarse por algún hecho superveniente.
La nueva política que defiende el Gobierno Federal, contra la que el
Gobierno de Tamaulipas se inconformó, de acuerdo a la Comisión de
Energía del Consejo Coordinador Empresarial, “es una violación flagrante
al marco constitucional y legal mexicano. A través de ese instrumento,
SENER usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del
sector y en las condiciones competencia”.
En Tamaulipas, aplicar la nueva política de Sener implicaría perder inversiones por más de 1,200 millones de dólares.
