NOTA DEL BLOG: 16 DE OCTUBRE DEL 2020
EN ESTE REPORTAJE RESALTAN EL CONTUBERNIO DE LOS ZETAS con LOS MILITARES adscritos a la
guarnición fronteriza DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. cuyo comandante era el general Luis Cresencio
Sandoval (Hoy Secretario de la SEDENA). -PUESTO QUE SE LO DEBIÒ AL GRAL SALVADOR CIENFUEGOS HOY DETENIDO EN LOS ANGELES CALIFORNIA-
********* REVISTA PROCESO
De 2011 a 2012, cuando Los Zetas se
enseñorearon del norte de Coahuila y cometieron cientos de asesinatos,
gobernaba la entidad Humberto Moreira. Ante los señalamientos por la
presunta colusión de las autoridades estatales con los sicarios de ese
cártel, concretamente en el autogobierno que instauraron en el Cereso de
Piedras Negras, el mandatario respondió que la responsabilidad de la
seguridad en ese penal correspondía a los militares adscritos a la
guarnición fronteriza, cuyo comandante era el general Luis Cresencio
Sandoval, futuro secretario de la Defensa.
SALTILLO, Coah.- Durante más de tres años Los Zetas
utilizaron el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras
para asesinar e incinerar al menos a 150 víctimas, pero el exgobernador
Humberto Moreira argumentó que la seguridad de la prisión “era de los
militares”, es decir de la guarnición que encabezó, en el periodo más
sangriento, el general Luis Cresencio Sandoval González, futuro
secretario de la Defensa Nacional.
El 15 de octubre de 2017 el sitio web de Proceso publicó el reportaje
El Cereso de Piedras Negras, búnker de Los Zetas, donde se informa de
los “diagnósticos” sobre el sistema penitenciario mexicano elaborados
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En esos documentos la CNDH asienta que desde 2011 hasta 2013 se
advirtió a las autoridades estatales y federales que la cárcel estaba
bajo el “control por parte de los internos”, que “internos ejercen
violencia o control sobre el resto de la población”, “hay prostitución” y
“cobros por parte de los internos para protección”, entre otras
irregularidades.
José Ángel Herrera, fiscal especial para la búsqueda de personas
desaparecidas en Coahuila, relató a Proceso los crímenes cometidos entre
2011 y 2012. En el “Cereso, Los Zetas llevaron a cabo acciones como
fabricación de chalecos, fornituras, reparación y/o desmantelamiento de
vehículos”, aseguró.
Añadió que en los talleres de la prisión los internos modificaban
tanques de la gasolina de automóviles, camionetas y hasta
tractocamiones. Esos vehículos fueron utilizados para transportar las
millonarias ganancias de Los Zetas por la distribución de cocaína en
todo Estados Unidos desde Dallas, Texas.
Otra investigación, de El Colegio de México, encabezada por Sergio
Aguayo y Jacobo Dayán (El yugo de Los Zetas), asienta que el expediente
APP 005/2014-BIS, de mil 535 folios y facilitado por la Fiscalía General
del Estado, contiene las declaraciones ministeriales de 11 integrantes
de Los Zetas, 49 internos, 21 custodios y 18 empleados del penal: “En
total 119 implicados en esta trama de venganza y muerte”.
Los internos interrogados confesaron que desde 2009 ingresaron a ese
penal estatal camionetas con decenas de cadáveres, pero en ocasiones las
víctimas llegaban aún vivas. En total fueron “unas 150 personas
privadas de su libertad, quienes posteriormente fueron ejecutadas e
incineradas en el área de talleres y carpintería”, puntualizó Herrera.
En el reportaje citado del portal de Proceso se mencionó al entonces
gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como responsable de esta
situación, al menos por omisión.
En una carta de respuesta a Proceso, Moreira señaló: “Los
responsables de la seguridad en el Centro Penitenciario era de los
militares, a propuesta del general secretario Guillermo Galván”. Así,
atribuyó las omisiones al general Luis Cresencio Sandoval González,
responsable de la guarnición fronteriza desde los últimos días de
febrero de 2011 y hasta los primeros del 2012, año en que se registraron
más de 350 víctimas de Los Zetas en Piedras Negras, Cinco Manantiales y
la Región Carbonífera del norte de Coahuila.
La misión de los militares de la guarnición que encabezaba Sandoval
González era vigilar los perímetros y entrada de la cárcel. Sin embargo,
no reportaron las camionetas que constantemente entraban con cadáveres y
personas vivas para que fueran incineradas.
La noche del 17 de septiembre de 2012 tampoco intervinieron cuando
131 reos se fugaron por la puerta principal y abordaron tres autobuses
que los esperaban para trasladarlos a un campo de entrenamiento de Los
Zetas en la región del Ejido Aura, cerca del municipio de Progreso.
La masacre de Allende
Claudia Sánchez relató: “Estaba empacando porque nos íbamos a San
Antonio a las cinco de la mañana para ir a un partido de futbol
(americano). Gerardo iba a jugar, así que teníamos que estar ahí
temprano. Gerardo y su hermana hacían tonterías afuera… Gerardo entró y
me preguntó si podía ir con sus amigos. Le contesté: ‘No, Gerardo.
Tenemos que empacar.’ Me dijo: ‘Anda, mamá, no me tardo’. Le dije: ‘Está
bien, Gerardo, no tardes’.”
Con la venia de su madre, el adolescente Gerardo Heath, sobrino de un
reconocido empresario de Coahuila, cruzó la calle de una colonia
residencial de Piedras Negras y entró en la casa de sus amigos Víctor y
Guillermo, hijos del empresario Víctor Cruz Requena y Brenda Saldúa
Dovalina.
“Alrededor de las 10 de aquella noche (del 18 de marzo de 2011), mi
marido llamó al celular de Gerardo para saber a qué hora volvería a
casa. Gerardo no respondió. Mi marido llamó otra vez. Nada. Poco después
tocaron a la puerta. Eran amigos de Gerardo, de la escuela. Parecían
aterrorizados. Les pregunté: ‘¿Qué pasa? ¿Dónde está Gerardo?’.”
Los muchachos dijeron: “Se lo llevaron”.
“¿De qué están hablando? ¿Quién se lo llevó?”, preguntó la madre.
Los amigos dijeron que vieron a Gerardo y sus vecinos frente a la
casa de éstos, cuando llegó una camioneta con hombres armados, quienes
obligaron al matrimonio Cruz-Saldúa, a sus hijos y a Gerardo a abordar
el vehículo y se fueron.
“Unos minutos después llamamos al alcalde de Piedras Negras. Estaba
en una boda. Nos dijo que se sentía terrible por lo que nos había
pasado, pero que no había nada que él pudiera hacer.”
Esta declaración de Claudia Sánchez, madre de Gerardo, fue publicada
en junio de 2017 en el portal ProPublica por la periodista estadunidense
Ginger Thompson, premio Pulitzer 2001 y excolaboradora de The New York
Times.
Los hechos ocurrieron la noche del 18 de marzo de 2011, cuando el
general Sandoval González tenía pocas semanas de haber recibido el mando
de la guarnición de la ciudad fronteriza.
Esa noche diversos comandos armados, en caravanas de al menos tres
vehículos, levantaron en sus domicilios a 41 personas, entre ellas a
Efrén Tavira, narcotraficante que estaba bajo las órdenes de Poncho
Cuéllar, el responsable del trasiego de cocaína de Los Zetas.
Enjuiciado en la Corte de San Antonio, en julio de 2016 Tavira contó
que después de sacarlo con violencia de su vivienda, los sicarios lo
llevaron a un terreno bardeado donde estaban los líderes de Los Zetas,
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, respectivamente Z-40 y Z-42.
Éstos lo interrogaron sobre el paradero de Poncho Cuéllar, a quien
buscaban por haberlos traicionado. Tavira informó que tenía días sin
saber de él. En ese momento el “comandante” Z-100 le llamó a Z-40 y le
dijo que Tavira ya no trabajaba para Poncho sino para ellos.
Tavira declaró que antes de salir del terreno observó cómo los
Treviño Morales y otros sicarios acribillaron a 40 víctimas
arrodilladas. Entre ellos estaban el menor Gerardo Heath y sus amigos.
Esa tarde sicarios comandados por los jefes zetas Enano y Flacamán
perpetraron secuestros masivos, además de en Piedras Negras, en
Monclova, Sabinas, Múzquiz y varios municipios de la región de Cinco
Manantiales. Levantaron al mayor número de víctimas en Allende: al menos
130. Pero en los días siguientes regresaron por más.
Desde el 18 hasta el 22 de marzo Los Zetas se lanzaron así contra las
familias y los trabajadores de los narcotraficantes Poncho Cuéllar,
Héctor Moreno y José Vázquez, a quienes consideraron responsables de
entregar a la DEA los números de sus teléfonos móviles BlackBerry.
“Fuentes oficiales cercanas al caso dijeron que un supervisor de la
DEA en la Ciudad de México compartió información relacionada con los
números con una unidad de la Policía Federal mexicana conocida como
Unidad de Investigaciones Sensibles, cuyos agentes habían sido
entrenados y examinados por la DEA”, señaló Ginger Thomson en su
reportaje.
Agregó que tres semanas después de que Vázquez entregó los números a
la DEA, los jefes del cártel fueron informados y ordenaron la venganza.
“Desde Allende y Piedras Negras se hicieron, en esos cinco días de marzo
de 2011, cerca de mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089”,
precisó.
En esos cinco días desaparecieron más de 350 personas, la mayoría de
ellas asesinadas e incineradas. También se destruyó con maquinaria
pesada y se quemaron en pleno día alrededor de 40 casonas y siete
ranchos en Allende, así como 27 residencias y departamentos en Piedras
Negras.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno se enteraron esa
misma noche debido a que el gobernador interino, Jorge Torres López
–quien sustituyó a Humberto Moreira–, estaba en la boda con el alcalde
cuando recibieron por teléfono reportes de decenas de privaciones
ilegales de la libertad en Piedras Negras y Cinco Manantiales.
Esa noche los medios locales Zócalo y Vanguardia recibieron órdenes
de un funcionario estatal para no publicar ninguna foto del gobernador
en la boda, según cuentan a Proceso periodistas que piden no publicar
sus nombres.
También la guarnición del general Sandoval González recibió denuncias
de pobladores de Cinco Manantiales. Las recogieron militares destacados
en la garita del kilómetro 53 de la autopista 57, a menos de dos
kilómetros de Allende.
Ninguna autoridad estatal o federal investigó la masacre. En las
declaraciones ministeriales recogidas por la investigación del Colmex,
los testigos narran que no se detuvo a nadie y quienes pusieron
denuncias ante la fiscalía estatal encabezada por Jesús Torres Charles
fueron entregados a Los Zetas y asesinados.
No se publicó ninguna nota en la prensa nacional durante más de un
año, hasta que Proceso lo hizo en diciembre de 2012 con el reportaje
Apocalipsis en Coahuila.
Sobornos al gobierno
Años después, las declaraciones de los capos acusados de traición por
los líderes de Los Zetas aclararon por qué ninguna autoridad actuó ante
la desaparición y asesinato de cientos de personas.
Ellos comparecieron como testigos protegidos de la Fiscalía de Texas
en el juicio que se celebró en abril de 2013 en Austin contra José
Treviño Morales y el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa.
Además, Efrén Tavira fue testigo de la fiscalía en otro juicio celebrado
en julio de 2016, en San Antonio, contra Marciano Millán Vázquez,
Chano, despiadado exjefe de plaza de Los Zetas en Piedras Negras.
Tavira relató: “Los Zetas controlaban la Policía Municipal de Piedras
Negras. También compraron a mandos de la Policía Federal y a algunos
miembros del Ejército. Con la Marina no pudieron; incluso con quienes
más temían enfrentarse Los Zetas era con los marinos. También tenían
arreglos con la PGR”.
Tavira también reveló que Los Zetas entregaron al menos un pago al
gobernador Rubén Moreira, hermano de Humberto. Desde el rancho del
narcotraficante Beto Casas “le mandaron una camioneta Suburban atestada
de maletas con dinero”, precisó.
Otro testigo en el juicio de San Antonio fue Humberto Uribe Tapia,
hijo de un exalcalde de Piedras Negras que lavaba dinero del cártel.
Declaró: “Se hizo a través del señor Vicente Chaires y Jesús Torres
Charles. Y lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al procurador
general del Ministerio Público y eso fue por protección, y el acuerdo al
que habían llegado con el señor Humberto Moreira, quien era el
gobernador de Coahuila en ese entonces”.
A su vez, Poncho Cuéllar mencionó en el juicio de Austin que Los
Zetas le pagaban desde 2009 a todas las autoridades de Coahuila, al
Ejército y a otros funcionarios estatales, federales y municipales.
Los Treviño Morales “pagaban sus cuotas para poder mover sus drogas
libremente y que no tuvieran ningún problema para que pudieran pasar por
Coahuila y llegar a Piedras Negras, y poder pasarlas al otro lado y
trabajar sin tener algún problema y sin que les fueran aseguradas”, dijo
Cuéllar.
Él y otros capos calcularon que en esa época Los Zetas traficaban a
través de “la plaza de Piedras Negras” 40 toneladas de cocaína por año,
lo que les redituaba ganancias de 350 millones de dólares anuales.
Durante la gestión del general Sandoval González al frente de la
guarnición, los diarios Zócalo y Vanguardia publicaron notas y boletines
oficiales sobre algunos decomisos importantes de droga por los
militares. Sin embargo, durante ese periodo de casi un año no se informó
sobre capturas de cabecillas de Los Zetas, y mucho menos de los
implicados en los crímenes masivos del norte de Coahuila.
Este texto se publicó el 28 de octubre de 2018 en la edición 2191 de la revista Proceso
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